Reforma inoportuna e innecesaria

“Lo que España necesita” es el título del programa electoral presentado por el Partido Popular para las elecciones generales de 2011. Además de reformas económicas, educativas y de la propia democracia, el cuarto punto hace hincapié en la familia como primera sociedad del bienestar resaltando la idea de la protección a los no nacidos.

 

Portada del programa electoral
A mediados del pasado mes de abril, Alberto Ruiz Gallardón, el Ministro de Justicia, anunció que la reforma de la Ley del Aborto sería presentada muy pronto, según aparece recogido en el medio Religión Digital.
En España, desde comienzos del siglo XX hasta el año 2010, han existido cuatro regulaciones sobre el aborto. La primera fue aprobada por el Gobierno de Cataluña el 25 de diciembre de 1936.
Al finalizar la Guerra Civil fue derogada. Durante el franquismo, abortar era considerado atentar contra la nación. Las abortistas y aborteras se enfrentaban a penas de cárcel de hasta seis años.

 

Ya en democracia, en 1985, el Gobierno socialista de Felipe González aprobó una ley que permitía el aborto en tres supuestos: Violación, Riesgos para la Salud de la Mujer y Malformaciones del feto.
La última actualización data  de 2010, con José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) en el poder. Esta revisión “permite el aborto libre hasta las catorce semanas de gestación y hasta las veintidos si el feto tiene malformaciones o la salud de la madre corre riesgos. Además, permite que las chicas de dieciseis y diecisiete años interrumpan su embarazo sin consentimiento paterno”.
La oposición ya ha mostrado en numerosas ocasiones su rechazo hacia la nueva ley. El PSOE vincula la modificación directamente a dictados de la Iglesia. Su vicesecretaria general, Elena Valenciano, ha anunciado que dado el caso de una limitación de la libertad de las mujeres, denunciarán el Concordato con la Santa Sede.
El PNV pide al gobierno independencia frente a presiones o influencias de la Iglesia y UPyD declara algo así como “cuando lo vea lo creeré.” Izquierda Unida va más allá y declara que Gallardón representa al “nacionalcatolicismo” español, uno de los rasgos característicos del régimen de Franco.
Pero no sólo los partidos políticos han demostrado indignación. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha asegurado que la futura Ley del Aborto supondrá un “gravísimo atentado” contra la libertad de las mujeres a las que “se obligaría, contra su voluntad, a mantener embarazos a pesar de que las pruebas y revisiones médicas demostraran graves taras y malformaciones en los fetos”.
La presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, cree que “encender un debate social que ya estaba resuelto y en el que hay poco margen de acuerdo, es muy peligroso y confunde a la gente”. Muchas asociaciones de mujeres denuncian que se volverá a los abortos clandestinos.

En el seno del propio PP, también, se han dado declaraciones a favor de la actual ley del aborto, concretamente las de Celia Villalobos. La diputada ha sido sancionada por no votar en contra de la moción del PSOE para pedir al Gobierno que no reforme la Ley del Aborto.
Entre los grupos a favor del cambio en la ley, se encuentra la mayor parte del propio PP, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que celebra el anuncio del ministro de Justicia por tratarse de una actuación (aborto por discapacidad) “contraria a los derechos humanos”.

 


El portavoz de la Asociación para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia, José Antonio Díez, ha calificado de “coherente” la decisión de Alberto Ruiz-Gallardón, aunque asegura que se ha quedado “corto”. A su entender, la decisión es correcta pero incompleta. Habría que tomar otro tipo de medidas que defiendan la vida y ayuden a las embarazadas.
Prácticamente nadie es pro abortista en el sentido de tomar este acto como un método anticonceptivo más. Ésto no quita que existan leyes que permitan a las mujeres interrumpir su embarazo dentro de la legalidad y en las mejores condiciones sanitarias.
Existen leyes de obligado cumplimiento y luego, están otras, las correspondientes al sector social y al de la igualdad. En estos casos, sólo existen para que los interesados hagan uso de ellas, como ocurre con la Ley del Matrimonio Homosexual.
Ni el aborto ni las uniones de personas del mismo sexo suponen una amenaza para la familia tradicional. Suponen avances sociales, nada más. Además, el anuncio de una nueva ley del aborto no es más que una cortina de humo ante todos los problemas económicos de los españoles.
Reformas de este calado se realizan en épocas de bonanza, no en plena recesión y cuando los principales problemas de los españoles son el paro, la corrupción y la clase política.
Principales problemas, según el CIS Marzo 2013

 

3 comments

  1. Anónimo 4 junio, 2013 at 18:20 Responder

    Qué más decir acerca de lo que acabas de escribir: para mí el gobierno del Partido Popular desde su advenimiento al poder ha llevado a cabo una política de austeridad no solamente con la economía sino también con la sociedad y su ética; no son tanto las reformas presupuestarias como la implantación de una ideología, gestada desde una educación cada vez más minada y estancada, y cuyas bases se fundamentan en la religión católica enclaustrada y tradicionalista… en fin, this sucks, vivan los Matrimonios Gays, y me encanta como escribes, te acabas de ganar un admirador! ;D

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